La forestación comercial global experimenta desde hace unas décadas la aceleración en la aparición de problemas sanitarios debido al aumento del área plantada, al incremento del tránsito de personas y bienes y al cambio climático (Pawson et al., 2013; Wingfield et al., 2015; Payn et al., 2015; Garnas et al., 2016). En Uruguay, la aparición de insectos plaga y enfermedades emergentes se ha dado a un ritmo de al menos uno por año, desde 2007 a la fecha. En varios casos los agentes causales son organismos nuevos para la ciencia, lo cual ha demandado una gran inversión en investigación en taxonomía y aspectos básicos de biología como requisito previo para el desarrollo de estrategias de manejo (Paine et al., 2011; Hurley et al., 2016). La forestación comercial nacional se extiende por un área en el entorno del millón de hectáreas y representa la tercera fuente de aportes al PBI nacional (Boscana et al., 2016). En la última década se creó un grupo de investigadores a nivel nacional (GIPF) el cual coordina los esfuerzos de investigación y su alineación con la demanda productiva. Durante este periodo también se fortaleció el Comité Ejecutivo de Coordinación en materia de Plagas y Enfermedades que afectan a las plantaciones forestales (CECOPE), principal ámbito de diseño y discusión de políticas sanitarias en el sector, con participación del sector público, academia y sector productivo. A pesar de todos los esfuerzos persiste un conjunto de problemas que requieren atención en forma simultánea y coordinada en lo que respecta a investigación y extensión. Tal como sucede en otros países de la región, Uruguay presenta además limitantes en materia de actividades de detección y monitoreo sanitario, así como en cuantificación y estandarización de la información, las cuales dificultan o enlentecen la adopción de medidas proactivas (BID, 2014).